Si no hubiera habido intervención oficial al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las mediciones de las consultoras privadas no hubiesen sido tan relevantes para establecer la evolución de los precios. Ese es el principal razonamiento de consultores consultados por LA GACETA y que fueron intimados por la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno, para revelar dónde, cuándo y cómo recolectan los datos con los que elaboran la inflación privada.
"Esto es un revival (estilo del pasado de lo que pasó en 2006 con el Índice de Precios al Consumidor -IPC-, cuando Moreno preguntó por la metodología y por los negocios informantes del organismo", rememoró ayer Graciela Bevacqua, la ex directora de IPC del Indec que dejó el cargo por aquella intervención. Según la experta, que hoy dirige Buenos Aires City, lo que se intenta es avanzar sobre el secreto estadístico. "Así como un abogado resguarda a su cliente o un periodista a su fuente, del mismo modo las consultoras pueden preservar a los negocios informantes", dijo.
Entre otras preguntas, el cuestionario del Gobierno exige a las consultoras que digan cuál es la fórmula de cálculo que usan para su índice, la canasta de bienes y servicios que toman, "con sus ponderaciones al máximo nivel de desagregación", y sus fuentes de información. También el número de comercios que relevan y cómo seleccionan los precios. "Es el Estado el que debe dar cuentas del IPC. Y tiene que hacerlo creíble porque, si hoy lo fuera, no se recurrirían a informes privados", manifestó Bevacqua.
Rogelio Frigerio (n) dirige Economía & Regiones, una de las firmas intimadas por la Dirección de Lealtad Comercial que, si no lo hacen, quedan expuestas a ser multadas con hasta medio millón de pesos. "Nosotros estamos dispuestos a contestar el cuestionario, explicando lo que hacemos que es reemplazar una obligación del Estado, la de proveer datos confiables. La inexistencia de eso obliga a algunas a plantearse la necesidad de generar una medición que, obviamente, no será tan exacta como la que debería hacer una entidad pública", dijo el economista a nuestro diario.
Frigerio no discontinuará la elaboración del dato. De la misma manera se expresó Jorge Todesca, el director de Finsoport. "Lo que más me preocupa es que el Gobierno se entromete en cuestiones que rozan la libertad de expresión", señaló el ex viceministro de Economía de la Nación. Y, sobre la acción directa de Lealtad Comercial, puntualizó: "en términos de leyes de comercio, esto carece de cualquier fundamento".
En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, respaldó el pedido realizado por Comercio Interior a las consultoras. A su juicio, "las que hacen mediciones de precios tienen un rol importante en lo que es generación de expectativas y en la toma de decisiones". "Les estamos pidiendo que transparenten la metodología de cálculo, porque hay gente que toma decisiones en base a esto y hay gente que puede aprovecharse de dispersar esa información en la comunidad de negocios", explicó.
El ministro afirmó que "la metodología del Indec está clarita, lo que medimos es lo que decimos que medimos, pero las consultoras de precios tiran cualquier número, y no sabemos cómo lo arman". Y, según consignó la agencia oficial Télam, Boudou se preguntó además si hay "alguna intencionalidad económica o política para que alguien esté sacando rédito de estos números".